Un recluso ha desatado una controversia legal al alegar que su abogada de oficio falleció, solicitando al juez la anulación y retroceso de todas las actuaciones hasta la fecha del deceso, en noviembre de 2022, con la esperanza de conservar el beneficio de la suspensión de su encarcelamiento.
Sin embargo, una jueza de Pontevedra le revocó dicho beneficio debido a sus graves incumplimientos en el Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo.
El interno argumentó que al perder a su abogada, se vio privado de su derecho a la tutela judicial efectiva y a una defensa adecuada.
La Cuarta Sección de la Audiencia de Pontevedra ha respondido señalando que, si bien hubo un lapso sin asistencia legal debido al fallecimiento de la abogada, esto no constituyó una indefensión material que justifique la anulación de las actuaciones. Además, destacan que el recluso tampoco se había comunicado con ella previamente.
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